Derechos electorales en México, a pesar de los partidos

Raúl Ramírez Baena

En el marco del actual proceso electoral mexicano se llevan a cabo importantes actividades que corresponden al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de autoridades federales, y otras a los Organismos Políticos Locales Electorales (OPLES) de 30 entidades federativas, donde habrá elecciones concurrentes a las elecciones federales para elegir el mismo día de la jornada a autoridades estatales y municipales.

Al INE le corresponde la tarea de elegir a 155 mil funcionarios de casilla por la vía de la llamada “insaculación”, un procedimiento de selección aleatorio e imparcial de ciudadanas y ciudadanos tomados de la Lista Nominal de Electores, que integrarán las mesas directivas de casilla el próximo 1º de julio.

Las y los funcionarios que recibirán al electorado en cada casilla el día de la jornada serán la autoridad responsable de revisar que la Credencial Federal de Elector coincida con la Lista Nominal, de dotar de boletas, de contar los votos al cierre, de llenar las actas correspondientes a cada votación, de integrar el paquete electoral que se entregará en las sedes destinadas y de regular la actuación de representantes de partidos, observadores electorales, medios y otros.

A estos futuros funcionarios habrá que visitar previamente, convencerlos y capacitarlos por un ejército de supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAES) que contrata el INE para realizan este trabajo temporal. Y aquí viene lo bueno:

Por disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), los SE y los CAES, para ser contratados, deberán someterse a un proceso de selección que contempla, entre otras cosas, declarar bajo protesta de decir verdad no estar afiliados a partido político o coalición alguna, ni haber participado activamente en campañas electorales en los últimos 3 años.

Al realizar la compulsa para revisar la militancia de los aspirantes a SE y a CAES, como dispone la ley, el INE ha encontrado a varios de ellos inscritos en las listas de militantes partidistas, lo que de entrada los descalifica. Esto ha generado un alud de quejas de estos aspirantes, argumentando que fueron afiliados por los partidos en contra de su voluntad. Acto seguido, presentaron ante la autoridad federal electoral la queja correspondiente para liberarse de esa afiliación involuntaria y poder trabajar como SE y CAES.

Ante esto, los partidos han acumulado un alud de multas por afiliación indebida. En contraste, algunos partidos argumentan el carácter “garantista” del Estado Mexicano, exigiendo la contratación de SE y CAES a pesar de estar en las listas partidistas, invocando los derechos amparados por la Constitución para evitar todo tipo de discriminación, siendo el INE el organismo de Estado obligado a proteger los derechos de estos aspirantes. En cierta medida tienen razón.

Sin embargo, si los SE y CAES van a ingresar a los hogares de los ciudadanos para convencerlos de ser funcionarios de casilla, por lógica y por una cuestión de principios, deben ser absolutamente imparciales y actuar sin inspiración partidista para evitar torcer la elección, lo cual el INE debe evitar de manera escrupulosa para garantizar la voluntad de los electores.

Ante esta contradicción de derechos (garantizar los derechos laborales de los aspirantes a SE y a CAES sin importar que estén afiliados a partidos o garantizar los derechos políticos de los electores), el INE debe aplicar el criterio de PONDERACIÓN, como así ha sido.

Desde mi punto de vista, los derechos político-electorales de más de 80 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores deben ser protegidos por encima de los derechos laborales de 45 mil SE y CAES que trabajarán temporalmente en todo el país. En caso de encontrarse inscritos en los listados de afiliación y de no proceder su recurso (que es el menor de los casos), éstos deberán ser excluidos por la posibilidad de que en efecto sean cuadros partidistas que realicen actividades que pongan en duda la limpieza e imparcialidad del proceso electoral.

No es correcto que partidos políticos afilien indebidamente a ciudadanos, lo cual debe ser severamente sancionado. Además, ello atenta en contra de los principios rectores del INE de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Por las razones anteriores, coincido con Bernardo Barranco, Consejero Local del INE en el Estado de México, en no estar de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la elección local del año pasado en esa entidad, que ante la descalificación de aspirantes a SE y CAES por el Consejo Local por aparecer afiliados a partidos, fueron asesorados por los partidos para inconformarse ante el TEPJF, ordenando éste su restitución bajo el principio “garantista” de sus derechos laborales amparados por la Carta Magna, sin ponderar los principios de neutralidad e imparcialidad de todo el proceso electoral.

En estos momentos de crisis política y de gran desconfianza en las instituciones, es importante fortalecer la credibilidad ciudadanía en el INE, que se encuentra en el ojo del huracán. En aras de la urgida democracia electoral y de amparar los derechos políticos de las y los electores, no podemos darnos el lujo de mellar la autoridad del INE, ni el TEPJF.

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