Deportación masiva en España viola derechos humanos: AI

Migrantes Susaharianos en Isla de Tierra, España Foto: diariodeavisos.com

Por Mercedes Arancibia

MADRID, España (PES).- Ante la deportación de 70 inmigrantes a Marruecos, aspirantes a la emigración clandestina a España y procedentes del Isla de Tierra, Aministía Internacional (AI) denunció la violación de sus derechoshumanos, al no respetar el Minsiterio de Interior la Ley de Extranjería. El organismos defensor de los derechos humanos denunció que los migrantes no tuvieron acceso a un abogado ni a un intérprete, por lo que ha enviado una carta de reclamo al ministro, Jorge Fernández Diez.

En la misiva se pide la aclaración de lo sucedido en la expulsión de inmigrantes y que responda por la no aplicación de la ley y de los tratados internacionales suscritos por España. El organismo internacional exigió al Ministerio de Interior que desista de este tipo de expulsiones en clara violación a los derechos humanos de los migrantes. Asímismo, pidió que no se creen “limbos jurídicos” que permitan expulsiones colectivas o sumarias desde España.

Para la organización de defensa de los derechos humanos, “el gobierno español es responsable de lo que les ocurra a estas personas” a partir de ahora: “Ninguna parte del territorio nacional puede quedar al margen de la aplicación de la ley”, afirma Esteban Beltrán, director de AI en España.

En la carta, la organización plantea una veintena de preguntas a Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de comprobar si la expulsión del grupo de personas, en la madrugada del 4 de septiembre, desde el islote a Marruecos, se llevó a cabo cumpliendo los requisitos legales y humanitarios, así como de trasparencia, que deben observarse en este tipo de operaciones. Porque, según un comunicado de AI, “la información disponible hasta el momento evidencia que esta expulsión se hizo vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos, que prohíben taxativamente las expulsiones colectivas y que obligan a los Estados a garantizar que las personas tienen la oportunidad de contar con un procedimiento individual en el que puedan oponerse o impugnar su expulsión. La operación también viola la Ley de Extranjería española, al privar a las personas migrantes del debido proceso y garantías, incluyendo el derecho a la asistencia letrada y de intérprete”.

“¿Qué mensaje transmite a los ciudadanos un gobierno que vulnera sus propias leyes?”, se pregunta Esteban Beltrán. ”El gobierno no puede llevar a cabo expulsiones colectivas prohibidas ni evadir sus obligaciones en materia de asilo como lo ha hecho en este caso”, añade.

Siempre según la información de que dispone AI hasta el momento, las personas expulsadas no han tenido acceso a procedimientos individualizados de asilo, que permitan identificar si necesitan protección internacional, y su expulsión “podría vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”.

AI considera que España es responsable de lo que les suceda a las personas expulsadas. Los antecedentes del trato recibido en Marruecos por otros migrantes en el pasado llevan a AI a mostrar su preocupación por la vulneración de los derechos humanos que pudieran sufrir las personas devueltas ahora a este país.

La organización se ha dirigido también al ministro de Asuntos Exteriores pidiéndole que recabe información del gobierno de Marruecos y dé cuenta de la situación actual de las personas expulsadas.

Marruecos maltrata a sus emigrantes

En agosto y septiembre de 2010, las autoridades marroquíes adoptaron medidas enérgicas contra los migrantes que presuntamente habían entrado en Marruecos sin la autorización correspondiente. Detuvieron a entre 600 y 700 personas, incluidos menores de edad, en Ujda, Rabat, Tánger y otras ciudades. Durante algunas redadas, las fuerzas de seguridad utilizaron excavadoras para derribar las viviendas de los migrantes y, según los informes, golpearon a las personas. Se trasladaba a los detenidos a una zona desértica próxima a la frontera con Argelia y allí se los dejaba sin agua ni comida suficientes y sin la posibilidad de recurrir contra su expulsión.

En el año 2005, AI documentó malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad o devoluciones sin proceso en su informe “España y Marruecos: falla la protección de los derechos de las personas migrantes”. 13 personas fallecieron cuando trataban de cruzar la valla entre España y Marruecos. Sus muertes nunca fueron investigadas y permanecen impunes.

AI reconoce a los Estados su derecho a controlar la inmigración, pero siempre que se compruebe que sus prácticas y políticas de control migratorio no provocan violaciones de derechos humanos, ni contribuyen a su comisión o se benefician de ella.

Respecto a los acuerdos bilaterales entre países, como el que existe entre España y Marruecos que data de 1992, AI insiste en que deben recoger garantías y mecanismos de supervisión acerca del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, algo que no contempla el acuerdo mencionado.

Fuente: Periodistas en Español