Declarado inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que criminalizaba la protesta

Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya
Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Durante el pleno de este lunes, seis de los once ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito – previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México- por considerar que viola el principio de legalidad.

La Corte concluyó que la definición amplia e imprecisa de la norma hace imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivas y supone una amenaza para la libertad de expresión. Únicamente el ministro Pardo Rebolledo y la Ministra Luna Ramos votaron a favor de la constitucionalidad del artículo.

Este delito fue tipificado en el año 2002, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, junto con el polémico artículo 362 que establecía de 5 a 30 años de prisión por “ataques a la paz pública”. El gobierno de Mancera, en 2012, promovió una reforma que aumentó a dos años de prisión, en lugar de la pena de 90 a 180 días de semilibertad establecidas, la sanción por el delito de ultrajes a la autoridad, y redujo la fijada para el delito de ataques a la paz pública a condenas de 2 a 7 años de prisión.

Sin embargo, el gobierno perredista modificó las leyes en medio de un clima de crecientes enfrentamientos entre policías y manifestantes de la capital mexicana, y lejos de derogar los dos controvertidos artículos del Código Penal, algunos miembros del partido trataron de endurecer nuevamente las penas.

El primero de Diciembre de 2012, durante la protesta organizada por #Yosoy132 en la toma de protesta presidencial de Enrique Peña Nieto, se operó una violenta represión con decenas de detenidos que fueron procesados con el artículo 362. Entonces, 79 hombres fueron llevados al reclusorio norte y 11 mujeres al Penal Femenil de Santa Martha, después de haber sido incomunicados en la Agencia 50 del Ministerio Público conocido como “el Bunker”.

En los años siguientes, el gobierno capitalino también ha utilizado este aparato legislativo para presionar la movilización social, especialmente en eventos como el desalojo del plantón que la CNTE sostenía en el Zócalo o la represión contra las protestas de 2014 que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado conjunto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Liga de Abogados 1DMX y la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, valoraron positivamente la declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, que “supone un claro llamamiento a las autoridades de la Ciudad de México para eliminar tanto en su legislación como en su práctica las previsiones y actos que atentan contra la libertad de expresión”.

Las organizaciones firmantes estman que el uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.

“La decisión de la Corte supone un avance en la defensa de las libertades, no sólo en la Ciudad de México, dónde se han registrado numerosos casos de represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta social, sino a nivel nacional”.

Las organizaciones i(dh)eas y FLEPS consideran que esta decisión debe servir para que en las instituciones de la Ciudad de México, así como en otros estados del país, se deroguen aquellos tipos penales “que coartan el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, y sobre todo aquellas que favorecen el ejercicio de una política punitiva y represiva”.

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

2 thoughts on “Declarado inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que criminalizaba la protesta

  1. El delito no fue “creado” por Mancera, de hecho su inclusión en el código penal del df se dio por primera vez durante el gobierno de AMLO. En 2012 se hizo una reforma disminuyendo la pena por una recomendación de la CDHDF, aunque ésta pedía la derogación absoluta de este delito y de ataques a la paz públia

    1. Estimado lector,

      Gracias por tu rectificación, el artículo ya está actualizado. Efectivamente, la normativa en cuestión comprende los artículos 287 y 362 aprobados en 2002, con Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno. El PRD, ya con Mancera, redujo las penas de prisión contempladas en el artículo 362, pero endureció las del 287. Este marco legislativo, según han venido denunciando diversas organizaciones antes citadas, han servido para presionar y criminalizar los movimientos sociales y la protesta en la capital de México.

      Saludos

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