Baja California: El despertar

Mexicali 15 de enero en manifestación contra Peña. Foto: La Crónica

Raúl Ramírez Baena*

Salvo los saqueos en tiendas departamentales, con fuertes sospechas de manipulación oficial, las manifestaciones populares y las actividades de resistencia civil pacífica se multiplican en todo el país apenas iniciando enero. Todo a raíz del gasolinazo y de los aumentos a las tarifas de agua, gas, electricidad y otros. La irrupción social ha desbordado todas las predicciones políticas.

Baja California ha destacado en el escenario nacional al bloquear por ciudadanos dos Terminales de Abastecimiento de Pemex: Rosarito y Mexicali. La primera, desalojada con lujo de violencia llegando a niveles de brutalidad policíaca, reprimiendo incluso a periodistas que cubrían los hechos; la segunda, desalojada pacíficamente por más de 400 policías contra 60 manifestantes, después de 5 días de bloqueo que mantuvo en niveles de desabasto las estaciones de gasolina de la región.

Baja California también es escenario de la clausura de oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, del Ayuntamiento en Mexicali y del Congreso local; tomas de casetas de cobro y de garitas en Tijuana y Mexicali, marchas, mítines y cientos de miles de expresiones de descontento en las redes sociales que han sido trending topic. La catarsis general.

En Mexicali, capital de Baja California, ciudad que pocos hacen en el mapa (ni en las predicciones nacionales del clima aparece), se ha dado un fenómeno social imprevisible: el pasado jueves 12 de enero se desarrolló una mega marcha-mítin que se calcula en poco más de 10 mil personas y el domingo 15 de enero, 40 mil, según la Dirección de Seguridad Pública Municipal, exigiendo la renuncia del Presidente Peña Nieto, del Gobernador Kiko Vega y de las y los diputados que votaron en el Congreso local por la privatización del agua bajo el esquema de asociaciones público-privadas, demandando la abrogación de la Ley de Agua que entró en vigor, igual que el gasolinazo, el 1 de enero de este año.

Sin embargo, la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad de este movimiento nacional de protesta es que, con una izquierda dividida y debilitada, no ha sido liderado por partido político alguno –ampliamente rechazados-, pero tampoco hay conducción ni programa político claro; no hay una vanguardia u organización de trabajadores que abandere la lucha.

La presión social ha obligado al gobierno federal a expedir el llamado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, mediante convocatoria de Peña Nieto a los sectores público, social y privado (la COPARMEX rechazó adherirse al acuerdo, argumentando precipitación en el gobierno al proponerles el documento a último momento).

Este acuerdo, por supuesto que no va al fondo del conflicto, más bien parece ser un placebo, un salvavidas para intentar calmar la tormenta que se le vino a Peña Nieto, retroalimentando el enojo por las absurdas explicaciones del gasolinazo (el aumento en los precios del petróleo en el mundo, el agotamiento de “la gallina de los huevos de oro” y el “¿qué hubieran hecho ustedes?”), además del chantaje de que gracias al aumento a las gasolinas se salvaron programas sociales. Por supuesto que nadie le creyó.

En Baja California, el gobernador Kiko Vega hizo lo mismo que Peña Nieto: emitió el “Decreto para el Fortalecimiento de la Economía de las Familias Bajacalifornianas”, que consiste en eliminar el reenplacamiento de vehículos, previsto para este año, el pago de agua a grupos vulnerables y otros apoyos sociales, más el discurso de que “no se privatizará el agua”, igual que Peña nos recetó que, con la Reforma Energética, no se privatizarían Pemex ni la CFE (no se venderá ni un tornillo, dijo).

Las cosas han llegado a tal extremo de descontento y de toma de conciencia popular que, en el hipotético e improbable caso de que se revirtieran medidas como el gasolinazo o, en Baja California, se anule el privatizador Decreto de Ley de Agua, ni así podrán frenar el descontento social.

El conflicto es algo más, mucho más profundo que eso. El gasolinazo y la privatización del agua son la gota que derramó el vaso y lastimó más a una sociedad castigada por años, que está llegando a su límite. Son tantos años de corrupción y su hija, la impunidad; de pobreza, inseguridad, ineficacia e ineficiencia en la procuración e impartición de la justicia, de injusticia social y violaciones a los derechos humanos, que no se van a calmar con leyes, acuerdos y decretos cupulares, como siempre, sin participación ciudadana. Si de algo la gente ya está cansada en este país es de demagogia y de imposiciones.

Lo que queda claro es que los intereses y compromisos de la clase política gobernante con el capital financiero nacional e internacional y con negocios al amparo del poder (traducido en “apertura a los Mercados” y en “inversión privada” local y extranjera) es tan fuerte, que difícilmente darán marcha atrás. Las Reformas Estructurales, el proyecto privatizador y la entrega de lo que resta de la Soberanía Nacional seguirán.

Para ello ya tienen preparadas en el Congreso las leyes que militarizarán la Seguridad Pública y suspenderán derechos ante la resistencia civil. Habrá que estar muy atentos qué legisladores y partidos votan en su favor.

En el marco de la tormenta perfecta que se nos viene a partir del 20 de enero, vienen las elecciones del 2018, que es la oportunidad para el pueblo.

 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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