AMLO abre nuevo frente de batalla: la Guardia Nacional

Raúl Ramírez Baena

A pesar de los frentes abiertos en contra del gobierno de transición tras la victoria de AMLO en las urnas y la consulta ciudadana que derivó en la cancelación del NAICM en Texcoco, no alcanzamos a entender el por qué de las críticas de AMLO a la militarización de la Seguridad Pública durante la campaña electoral, en contraste con su Plan de Seguridad recientemente presentado, que revierte la promesa de desmilitarización.

En el apartado ocho del Plan se destaca la formación de “un cuerpo militarizado para la Seguridad Pública”, algunas cuyas principales características son:

1.- Considera que “dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”, los militares son los más confiables para mantener la Seguridad Pública, por lo que se propone concederles un papel protagónico en la estructuración y formación de un nuevo cuerpo: la GUARDIA NACIONAL, integrada por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal;

2.- Todos los integrantes de la Guardia Nacional serán entrenados en planteles militares, con un plan de estudios elaborado por la Defensa, la Marina, la Secretaría de Gobernación y la Seguridad de Seguridad Pública, que además de entrenamiento castrense tendrá una formación policial, en derecho penal, derechos humanos y perspectiva de género;

3.- La Guardia Nacional estará bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la dirigirán oficiales del Ejército o la Armada;

4.- El país se dividirá en 266 coordinaciones regionales. El coordinador regional será una autoridad civil y estará formado por miembros del gobierno federal, la fiscalía general, un mando militar, autoridades locales y municipales, un ministerio público, personal de la fiscalía de derechos humanos y voluntarios de la sociedad civil;

5.- Todos los días habrá una reunión de consejos regionales y estatales de coordinación, así como una reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por el Presidente de la República con los secretarios de Seguridad, Gobernación, Marina y Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y el Fiscal General:

6.- El Sen. Mario Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, anunció que, junto con el PT y el PES impulsarán una Reforma Constitucional para crear la Guardia Nacional con las características antes descritas.

Como era de esperar, este Plan recibió de inmediato el beneplácito de la cúpula empresarial y, por otro lado, las críticas de la CNDH y de las ONG nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch:

1.- Resulta contradictorio que se presente este Plan de Seguridad cuando se cabildeó intensamente el carácter inconstitucional de la Ley de Seguridad Interior (LSI), declarando la Corte dicha inconstitucionalidad por disponer del sector castrense en tareas de Seguridad Pública, contrario a lo que establece el artículo 21 Constitucional, igual que propone hoy el Plan de Seguridad de AMLO;

2.- El Plan no especifica qué va a pasar con los miles de policías estatales y municipales y si los presidentes municipales se van a someter a la autoridad militar, corriendo el riesgo de anular de facto la autonomía municipal amparada por el artículo 115 Constitucional. A pesar de miles de quejas y denuncias contra militares, no se propone su retiro gradual de las calles ni la profesionalización y el respeto a los derechos humanos de las policías, ni implementar de manera efectiva el Servicio Civil de Carrera Policial;

3.- Lo que es más grave y peligroso: Mario Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, presentará en breve una iniciativa de reforma Constitucional para permitir a los elementos militares adscritos a la Guardia Nacional, de forma permanente, patrullar calles, prevenir delitos y detener personas, al igual que la LSI ya anulada. Según Mario Delgado, la reforma es necesaria ya que la Constitución Política del país impide al Ejército y a la Marina intervenir en labores de Seguridad Pública (medida contraria a los estándares internacionales en la materia).

4.- La aprobación fast-track de la LSI en la pasada legislatura, sin dar tiempo para el análisis de las fracciones parlamentarias, fue considerado por la Corte como un acto antidemocrático. Esperamos que Morena no cometa el mismo error en el Congreso. El debate sobre el Plan de Seguridad no contempla el Parlamento Abierto;

5.- En los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional se presentaron varias posturas demandando al próximo gobierno la desmilitarización de la Seguridad Pública, mismas que no fueron consideradas en el Plan;

6.- AMLO no contempla hasta ahora acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU-DH para consultas sobre la legitimidad de su proyecto de seguridad;

7.- La justificación que ofrece Olga Sánchez Cordero para la crear la Guardia Nacional, es que en todos los lugares la gente pide que no se retirara el ejército de las calles.

Dejo a salvo el carácter progresista de los puntos 1 al 7 del Plan de Seguridad, encaminados a abordar las causas estructurales de la inseguridad bajo los paradigmas de la “Seguridad Ciudadana” y el “Desarrollo Humano”. Sin embargo, no tengo la menor duda que AMLO debe frenar el proyecto de la Guardia Nacional militarizada y someterlo a una amplia consulta con los organismos intergubernamentales, expertos, académicos y ONG locales e internacionales, a riesgo de perder legitimidad con el campo de los derechos humanos.

Raul Ramirez Baena
Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Articulista de opinión en La Jornada de Baja California y Los Ángeles Press.

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