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Mexico Violento

Amenazas de muerte en Los Ángeles Press por caso desaparecidas en Juárez

Investigación sobre feminicidios y desaparecidas en Juárez causa amenazas de muerte a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Javier Juárez. La organización de derechos humanos Artículo 19 investiga el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga / Javier Juárez

Amenazas de muerte 

El cruce de Juárez a El Paso, Texas. Foto: Javier Juárez

LOS ÁNGELES.- La editora responsable de Los Ángeles Press recibió una amenaza de muerte el pasado 13 de diciembre a su celular por investigación sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. “Si viene de tu parte, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga”, advertió una voz masculina grave con un marcado acento norteño de México, para referirse al periodista Javier Juárez, colaborador de este digital, quien se encontraba en una asignación especial en esa ciudad.

El número registrado en el celular provenía de Phoenix, Arizona, y corresponde una línea de teléfono fijo. Se trata de un extorsionador profesional que tiene más de una decena de reportes por amenazas de muerte, y uno de los seudónimos con que opera es Joaquín Luna. De acuerdo a un reporte no oficial todavía de un agente del Federal Bureau of Investigation, podría haber sido contratado en México, ya que su territorio de operación abarca ambos lados de la frontera y su forma de operar es abierta y sin temor a ser rastreado.

El malestar

Los motivos, al parecer, estarían vinculados a la investigación publicada en serie desde el pasado 30 de noviembre sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Juárez. En esta investigación se denunció la existencia de más de una docena de cadáveres que han sido “guardados” por años sin notificar a sus familiares. Entre éstos, se denunció la existencia de los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008 y asesinada según la versión de la fiscalía diez meses después, y «guardada» en la morgue, mientras su madre Ernestina Enríquez la seguía buscando.

La fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, negó esta información aún cuando ya estaba circulando en las redes sociales. La madre de Sarmiento se enteró por nuestro reportaje compartido en Facebook, y al final del día siguiente, una funcionaria de la fiscalía, a quien se referían como “la fiscal” pidió a la señora Norma Ledezma de la organización «Justicia para nuestras hijas» que hablara con la madre para confirmarle que, en efecto, tenían los restos de su hija Adriana Sarmiento desde noviembre de 2009, pero que hasta el 25 de julio de 2011 había sido identificada con la prueba de ADN.

A raíz de los reportajes de Los Ángeles Press, el periodista español Javier Juárez, fundador de «Sin ellas no estamos todos», se puso en contacto desde Madrid con la editora del medio y acordaron trabajar juntos en la investigación, por lo que él se trasladó días después a Ciudad Juárez para realizar una serie de entrevistas.

“En México, las amenazas las cumplen”

El 12 de diciembre, Javier Juárez asistió a una reunión dentro de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rosa María Sandoval, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación, y por Ricardo Esparza de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, con doce madres de desaparecidas, dos representantes legales del Comité de Madres de Desaparecidas y cinco funcionarios del Ministerio Público.

Al día siguiente de esta reunión, 13 de diciembre a las 2:27 de la tarde, hora del Pacífico, entró una llamada al celular de la responsable de esta investigación, Guadalupe Lizárraga, preguntando directamente por su nombre. Ella respondió:

– ¿Quién habla?

– “Eso no te importa”, dijo la voz masculina. “La persona que anda de fuera en Juárez, va de tu parte, ¿verdad?”

Ella guardó silencio. Y la voz insistió, “¿Sí viene de tu parte, verdad? Ah, ¿no quieres contestar? Pues, mira, hija de la chingada, para que sepas lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga.”

Ella colgó el teléfono e intentó ponerse en contacto con su colaborador. Al no encontrarlo en su hotel, buscó al padre de una desaparecida que había sido visitado por el periodista, y a través de uno de los hijos, lo buscaron para avisarle de la emergencia.

La periodista también habló a la Embajada de España en Los Ángeles para solicitar ayuda. Ya antes, otra periodista amenazada de muerte, Olga Wornat, le había dicho “en México, las amenazas las cumplen”. Y mientras daba los datos a los funcionarios de la embajada, les dijo las palabras de Wornat como referencia de peligro.

Unos 40 minutos después, se comunicó el cónsul general de España en Monterrey, José Manuel Ramírez Arrazola, con ambos periodistas, uno en Ciudad Juárez y otra en Los Ángeles. Se tomaron las medidas de precaución para resguardar la vida de Javier, ya que en ese momento la amenaza apuntaba directamente a él. Ambos periodistas, no obstante, han recibido el apoyo y la orientación por parte de la organización Artículo 19, que trabaja para la protección y promoción de la libertad de expresión, en su oficina de la Ciudad de México.

Otros indicios

No es la única amenaza en torno a estas investigaciones sobre los feminicidios. Horas después del atentado de Norma Andrade, de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, una fuente confidencial alertó a Los Ángeles Press que estaban amenazando también a otras madres de desaparecidas, porque “estaban filtrando información a la prensa”. Aunque se sabe que la amenaza circulaba entre las madres de desaparecidas desde marzo de 2011, la amenaza decía explícitamente que las empezarían a matar a partir de noviembre.

En este mismo reporte, se afirmó que había “unos hombres”, al parecer “funcionarios”, que mostraban la fotografía de la periodista Guadalupe Lizárraga, a algunas madres para saber si la conocían o habían hablado con ella, y que era una fotografía impresa de Internet. El 12 de diciembre, Javier Juárez, también entrevistó a Norma Andrade, mismo día de la reunión con la fiscalía del Estado, y publicó algunos extractos de la entrevista en Facebook.

Entre las familias que han recibido amenazadas se encuentra la de la joven desaparecida Pamela Leticia Portillo Hernández, a quien se vio por última vez entre tres militares, el 25 de julio de 2010. Su madre, Lourdes Hernández, no ha dejado de buscarla y fue amenazada por “seguir investigando”.  Así fue también el caso de la familia Reyes Salazar y la familia Alvarado, que han tenido que huir de Ciudad Juárez para poder resguardar su vida, después de sufrir la ausencia de sus hijas.

Las insistencias de la fiscalía

Las amenazas de muerte recibidas por la editora de Los Ángeles Press abrieron una nueva pista relacionada con los retrasos e irregularidades en las investigaciones sobre los feminicidios y desaparecidas en Juárez, la cual se dará a conocer en una siguiente entrega en este medio. Por ahora se da cuenta de dos aristas en la investigación sobre las amenazas. Por una parte, la insistencia intimidante a las madres por parte de la fiscal Rosa María Sandoval al cuestionarles de dónde ha salido la información de los cadáveres retenidos, y de los que aún no han entregado todavía y ya están identificados, pone de relieve el interés de las autoridades en que no se conozca la información. Las dudas ineludibles nos llevarían a pensar ¿Por qué insistir en saber de dónde se filtra información? ¿Acaso no debería ser información pública el de la identidad de los cadáveres en la morgue para informar a sus, ya de por sí dolidos, familiares? ¿Cuál es el propósito de retener por años un cadáver, mientras las madres están buscando vivas a sus hijas?

Y por otra parte, la reunión de la fiscal con las madres, habría sido el único acto en público del periodista Javier Juárez, que no cumplía las 24 horas de haber llegado a la ciudad. Pese a que en la reunión no se identificó como periodista ante las autoridades de la fiscalía, sabían quién era. Al funcionario Ricardo Esparza, lo había entrevistado varios meses atrás. Las madres conocían a Juaréz por los años que ha dedicado a la búsqueda de sus hijas, en su ir y venir de Madrid a Ciudad Juárez. Y en el expediente de Adriana Sarmiento, aunque no se menciona específicamente el nombre de Javier Juárez, se hace referencia explícita a Los Ángeles Press.

El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

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De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

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Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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