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Mexico Violento

Amenazas de muerte en Los Ángeles Press por caso desaparecidas en Juárez

Investigación sobre feminicidios y desaparecidas en Juárez causa amenazas de muerte a los periodistas Guadalupe Lizárraga y Javier Juárez. La organización de derechos humanos Artículo 19 investiga el caso.

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Por Guadalupe Lizárraga / Javier Juárez

Amenazas de muerte 

El cruce de Juárez a El Paso, Texas. Foto: Javier Juárez

LOS ÁNGELES.- La editora responsable de Los Ángeles Press recibió una amenaza de muerte el pasado 13 de diciembre a su celular por investigación sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. “Si viene de tu parte, lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga”, advertió una voz masculina grave con un marcado acento norteño de México, para referirse al periodista Javier Juárez, colaborador de este digital, quien se encontraba en una asignación especial en esa ciudad.

El número registrado en el celular provenía de Phoenix, Arizona, y corresponde una línea de teléfono fijo. Se trata de un extorsionador profesional que tiene más de una decena de reportes por amenazas de muerte, y uno de los seudónimos con que opera es Joaquín Luna. De acuerdo a un reporte no oficial todavía de un agente del Federal Bureau of Investigation, podría haber sido contratado en México, ya que su territorio de operación abarca ambos lados de la frontera y su forma de operar es abierta y sin temor a ser rastreado.

El malestar

Los motivos, al parecer, estarían vinculados a la investigación publicada en serie desde el pasado 30 de noviembre sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Juárez. En esta investigación se denunció la existencia de más de una docena de cadáveres que han sido “guardados” por años sin notificar a sus familiares. Entre éstos, se denunció la existencia de los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008 y asesinada según la versión de la fiscalía diez meses después, y «guardada» en la morgue, mientras su madre Ernestina Enríquez la seguía buscando.

La fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, negó esta información aún cuando ya estaba circulando en las redes sociales. La madre de Sarmiento se enteró por nuestro reportaje compartido en Facebook, y al final del día siguiente, una funcionaria de la fiscalía, a quien se referían como “la fiscal” pidió a la señora Norma Ledezma de la organización «Justicia para nuestras hijas» que hablara con la madre para confirmarle que, en efecto, tenían los restos de su hija Adriana Sarmiento desde noviembre de 2009, pero que hasta el 25 de julio de 2011 había sido identificada con la prueba de ADN.

A raíz de los reportajes de Los Ángeles Press, el periodista español Javier Juárez, fundador de «Sin ellas no estamos todos», se puso en contacto desde Madrid con la editora del medio y acordaron trabajar juntos en la investigación, por lo que él se trasladó días después a Ciudad Juárez para realizar una serie de entrevistas.

“En México, las amenazas las cumplen”

El 12 de diciembre, Javier Juárez asistió a una reunión dentro de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rosa María Sandoval, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación, y por Ricardo Esparza de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, con doce madres de desaparecidas, dos representantes legales del Comité de Madres de Desaparecidas y cinco funcionarios del Ministerio Público.

Al día siguiente de esta reunión, 13 de diciembre a las 2:27 de la tarde, hora del Pacífico, entró una llamada al celular de la responsable de esta investigación, Guadalupe Lizárraga, preguntando directamente por su nombre. Ella respondió:

– ¿Quién habla?

– “Eso no te importa”, dijo la voz masculina. “La persona que anda de fuera en Juárez, va de tu parte, ¿verdad?”

Ella guardó silencio. Y la voz insistió, “¿Sí viene de tu parte, verdad? Ah, ¿no quieres contestar? Pues, mira, hija de la chingada, para que sepas lo vamos a levantar y se lo va a llevar la verga.”

Ella colgó el teléfono e intentó ponerse en contacto con su colaborador. Al no encontrarlo en su hotel, buscó al padre de una desaparecida que había sido visitado por el periodista, y a través de uno de los hijos, lo buscaron para avisarle de la emergencia.

La periodista también habló a la Embajada de España en Los Ángeles para solicitar ayuda. Ya antes, otra periodista amenazada de muerte, Olga Wornat, le había dicho “en México, las amenazas las cumplen”. Y mientras daba los datos a los funcionarios de la embajada, les dijo las palabras de Wornat como referencia de peligro.

Unos 40 minutos después, se comunicó el cónsul general de España en Monterrey, José Manuel Ramírez Arrazola, con ambos periodistas, uno en Ciudad Juárez y otra en Los Ángeles. Se tomaron las medidas de precaución para resguardar la vida de Javier, ya que en ese momento la amenaza apuntaba directamente a él. Ambos periodistas, no obstante, han recibido el apoyo y la orientación por parte de la organización Artículo 19, que trabaja para la protección y promoción de la libertad de expresión, en su oficina de la Ciudad de México.

Otros indicios

No es la única amenaza en torno a estas investigaciones sobre los feminicidios. Horas después del atentado de Norma Andrade, de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, una fuente confidencial alertó a Los Ángeles Press que estaban amenazando también a otras madres de desaparecidas, porque “estaban filtrando información a la prensa”. Aunque se sabe que la amenaza circulaba entre las madres de desaparecidas desde marzo de 2011, la amenaza decía explícitamente que las empezarían a matar a partir de noviembre.

En este mismo reporte, se afirmó que había “unos hombres”, al parecer “funcionarios”, que mostraban la fotografía de la periodista Guadalupe Lizárraga, a algunas madres para saber si la conocían o habían hablado con ella, y que era una fotografía impresa de Internet. El 12 de diciembre, Javier Juárez, también entrevistó a Norma Andrade, mismo día de la reunión con la fiscalía del Estado, y publicó algunos extractos de la entrevista en Facebook.

Entre las familias que han recibido amenazadas se encuentra la de la joven desaparecida Pamela Leticia Portillo Hernández, a quien se vio por última vez entre tres militares, el 25 de julio de 2010. Su madre, Lourdes Hernández, no ha dejado de buscarla y fue amenazada por “seguir investigando”.  Así fue también el caso de la familia Reyes Salazar y la familia Alvarado, que han tenido que huir de Ciudad Juárez para poder resguardar su vida, después de sufrir la ausencia de sus hijas.

Las insistencias de la fiscalía

Las amenazas de muerte recibidas por la editora de Los Ángeles Press abrieron una nueva pista relacionada con los retrasos e irregularidades en las investigaciones sobre los feminicidios y desaparecidas en Juárez, la cual se dará a conocer en una siguiente entrega en este medio. Por ahora se da cuenta de dos aristas en la investigación sobre las amenazas. Por una parte, la insistencia intimidante a las madres por parte de la fiscal Rosa María Sandoval al cuestionarles de dónde ha salido la información de los cadáveres retenidos, y de los que aún no han entregado todavía y ya están identificados, pone de relieve el interés de las autoridades en que no se conozca la información. Las dudas ineludibles nos llevarían a pensar ¿Por qué insistir en saber de dónde se filtra información? ¿Acaso no debería ser información pública el de la identidad de los cadáveres en la morgue para informar a sus, ya de por sí dolidos, familiares? ¿Cuál es el propósito de retener por años un cadáver, mientras las madres están buscando vivas a sus hijas?

Y por otra parte, la reunión de la fiscal con las madres, habría sido el único acto en público del periodista Javier Juárez, que no cumplía las 24 horas de haber llegado a la ciudad. Pese a que en la reunión no se identificó como periodista ante las autoridades de la fiscalía, sabían quién era. Al funcionario Ricardo Esparza, lo había entrevistado varios meses atrás. Las madres conocían a Juaréz por los años que ha dedicado a la búsqueda de sus hijas, en su ir y venir de Madrid a Ciudad Juárez. Y en el expediente de Adriana Sarmiento, aunque no se menciona específicamente el nombre de Javier Juárez, se hace referencia explícita a Los Ángeles Press.

Mexico Violento

Grupo armado libera a 9 reos del penal de Tula; objetivo prioritario era líder de “Pueblos Unidos”

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Esta madrugada un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos José Artemio Maldonado, conocido como “El Michoacano”, líder de la agrupación criminal “Pueblos Unidos” que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando sujetos irrumpieron en el penal y liberaron al “Michoacano”, por lo que colocaron como distractores dos vehículos incendiados para distraer al personal.

Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables.

Al respecto, el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva, por lo que se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía investigadora para dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedades y lesiones, aunado a que los reos fugados eran procesados por delitos como homicidio y secuestro.

El Michoacano es considerado como el líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, grupo criminal que está vinculado con otras organizaciones delictivas como “Los Emes” y “Hades” que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad, así como al tráfico de droga y secuestro.

Apenas este día se llevaría a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica, después de su aprehensión el viernes pasado en un operativo conjunto de la PGJEH y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEDOMEX).

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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