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Justicia pendiente

Agravios y pruebas presentadas por AMLO ante el IFE

Con lista de agravios y pruebas presentadas ante IFE, la Coalición de Izquierdas inicia Plan de defensa de democracia y dignidad de México

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Manifestación contra la imposición de Peña Nieto Foto: Martín Valencia/FB

Por Luis Martín Ángeles Lozano

MÉXICO, DF.- «La elección presidencial del primero de julio careció de libertad y legalidad como establece el artículo 41 de la Constitución”, aseguró Andrés Manuel López Obrador quien busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide los comicios conforme a derecho. Con una serie de violaciones a la Carta Magna mexicana, la coalición de Izquierdas, promovió un juicio de inconformidad. López Obrador  dijo que a mediados de la próxima semana dará a conocer el “Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México”.

El expediente para el juicio de inconformidad fue elaborado por el coordinador de campaña Ricardo Monreal, y en él estuvieron involucrados también el diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas; el presidente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton; y el senador petista Alberto Anaya.

La coalición ha invitado a los ciudadanos a sumarse a firmar el documento a través de la página de internet http://www.exigimosdemocracia.org/

¿En qué consiste el juicio de inconformidad promovido?

¿Cuáles son los agravios y pruebas que la izquierda documentó en el expediente?

¿Qué precedentes hay en el Tribunal Electoral de elecciones anuladas?

Los agravios

 El expediente para el juicio de inconformidad presentado al Instituto Federal Electoral (IFE) bajo protesta, aún no ha resuelto 12 quejas sobre fiscalización presentadas a lo largo de la campaña electoral, y documenta seis agravios. Según el coordinador de campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, así como el diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, las faltas son las siguientes.

 1.- Rebase de tope de gastos de campaña

El exceso en los topes de gastos de campaña del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, es un elemento fundamental para sostener que se violó el principio de equidad en la contienda y, con ello, se declare inválido el proceso electoral. Según Jaime Cárdenas, el Movimiento Progresista ha detectado hasta ahora que la coalición gastó 4 mil 599 millones de pesos en los 90 días de campaña. Es decir, hubo un exceso de 4 mil 263 millones de pesos.

2.- Financiamiento encubierto

El presunto uso del presupuesto de gobiernos estatales y municipales, así como un presunto lavado de dinero y dinero proveniente del endeudamiento de los estados gobernados por el PRI constituyen una vía alterna por la que podría haber llegado dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto.

 3.- Las encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto

 “Los resultados de las encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas”, dijo Monreal. De esa forma, los ejercicios de medición de empresas como GEA-ISA, Consulta Mitofsky, Parametría, Ulises Beltrán y Buendía y Laredo, “lastimaron a la coalición”. “Los medios le sacaron la vuelta a la prohibición constitucional para que los particulares no compren tiempos en radio y televisión. Lo que hicieron fue transmitir encuestas como propaganda electoral”, añadió Cárdenas.

 4.- Actos de presión y coacción del voto a los electores, antes y durante la jornada electoral

 Las ya mencionadas tarjetas de Soriana y Monex, así como distintas dádivas, fueron factores que tuvieron impacto en la compra y coacción del voto y, según dijo Monreal, “ese es uno de los problemas principales”. Pese a que en la reforma electoral de 2007 se buscó que el financiamiento privado no prevaleciera sobre el público, y se le puso un límite del 10 por ciento del tope de campaña, el PRI tuvo una fuente paralela de financiamiento con las tarjetas de beneficios de tiendas de autoservicio como Soriana, o de instituciones bancarias como Monex. “En cualquier parte del mundo esto hubiera tumbado a presidentes. Mucho más a candidatos”, afirmó Monreal, quien pidió al IFE que concluya la fiscalización del caso

 5.- Intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso electoral

 En estados como Zacatecas, Tabasco, Yucatán y el Estado de México, los gobiernos estatales participaron ilegalmente en apoyo de Enrique Peña Nieto y del PRI, denuncia el Movimiento Progresista.

 6.-Negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal

Como ejemplo, Ricardo Monreal citó que Andrés Manuel López Obrador pidió en febrero al IFE medidas preventivas contra posibles irregularidades, y el órgano contestó su solicitud 105 días después. Para la presentación del expediente, exhibe

Las pruebas

 Conseguidas en su mayoría por denuncias ciudadanas y a través de las redes sociales, esta es la relación de algunas de las pruebas que el equipo jurídico de López Obrador integró en el expediente.

 a) Caso Tabasco

 En este estado, explicó Monreal, dos días antes de la elección se encontraron boletas con el logotipo del PRI ya marcado. La autenticidad de éstas fue certificada ante notario público y ante autoridades del IFE.

 b) Casillas con inconsistencias

La coalición integró un estudio que, afirman, demuestra que 71 mil 671 casillas electorales muestran inconsistencias a pesar del recuento distrital hecho la semana pasada. Sólo el 50 por ciento, dijo, no tiene alguna irregularidad, y 31 por ciento tiene inconsistencias graves que deben ser analizadas por el Tribunal Electoral.

c) Contrato para promover a Peña Nieto en Estados Unidos

Ricardo Monreal mencionó un contrato por 56 millones de dólares “contratados ilegalmente” para mejorar la imagen del candidato priista en Estados Unidos. Este documento demostraría la triangulación de recursos y el manejo clandestino e ilegal de recursos.

d) Caso Zacatecas

La existencia de cheques, talonarios, funcionarios públicos responsables de distritos electorales y otras irregularidades, constituyen lo que Monreal calificó como “lo más acabado del fraude moderno”.

e) Credenciales y Tarjetas

El caso de las tarjetas prepagadas del Grupo Financiero Monex obliga al IFE, según el coordinador de campaña, a concluir la fiscalización, pues la unidad que el Instituto Electoral se encarga de ello, no tiene secreto bancario, fiscal ni fiduciario y, desde hace semanas, dijo podían haber esclarecido el problema.

f) El caso Soriana

Monreal presentó dos documentos recientes que ha obtenido el equipo. El primero, un testimonio manuscrito de una ciudadana de nombre Érika Gómez Reyes, quien en una cuartilla asegura que en la Vicaría de Santa Clara, en Tlalnepantla, Estado de México, se repartieron tarjetas de Soriana con 500 pesos de crédito. El otro documento es un acta notariada que contiene testimonios y copias de credenciales de elector de personas que recibieron tarjetas por mil pesos a cambio de apoyar al PRI.

g) Promocionales y utilitarios

El equipo de López Obrador ha detectado más de 280 tipos de artículos promocionales del candidato priista como bicicletas, albercas, chamarras y electrodomésticos. Anoche, en una conferencia en el Instituto Federal Electoral, se presentaron muestras de estos utilitarios, los cuales fueron transportados en cinco vehículos.

Los precedentes jurídicos

De 2007 a 2011 se han declarado inválidas o nulas cinco elecciones en México, según el recuento que hizo el abogado Jaime Cárdenas.

2007 Yurécuaro, Michoacán

Las elecciones a Alcalde en este municipio fueron declaradas inválidas en 2007 debido a que el candidato del PRI, Martín Pérez Jaimes, utilizó elementos religiosos en su campaña electoral, según resolvió la sala superior del Tribunal.

2007 Tabasco

La elección para Gobernador de aquel año fue anulada debido a que la Sala Superior del Tribunal resolvió que el proceso estuvo plagado de vicios e irregularidades como compra de votos y de tiempo oficial en favor del candidato del PRI y ganador de los comicios, Manuel Andrade. En aquella ocasión, el entonces Magistrado Presidente José Fernando Ojesto se excusó de conocer el tema por declaraciones previas sobre el caso.

2008 Acapulco, Guerrero

Mediante la causal de “violación de principios constitucionales”, la elección para presidente municipal de la capital guerrerense fue declarada inválida en aquel año en que finalmente ganó la alcaldía el priista Manuel Añorve Baños.

2009 Zimapán, Hidalgo

Los comicios municipales fueron anulados por la Sala Regional del Tribunal con sede en Toluca debido a que los magistrados consideraron que el candidato ganador, el perredista José María Lozano, fue favorecido por actos proselitistas hechos por el párroco de la iglesia de San Juan Bautista.

2011 Morelia, Michoacán

La aparición del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro en televisión de paga por casi cinco minutos, y la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con el logotipo del PRI en los calzoncillos durante una pelea fueron calificados como hechos graves por la Sala Regional del Tribunal, con sede en Toluca, por lo que se anuló el proceso.

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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