Académicos exigen al IFE garantías contra fraude electoral en México

Elecciones 1 de julio en México Foto: AP

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Por Guadalupe Lizarraga

LOS ÁNGELES, California.- “Hay una gran preocupación por el curso que está tomando el proceso electoral, porque no basta que el IFE diga que las elecciones van a hacer limpias, sino que tiene que tomar medidas que lo garanticen”, señaló en entrevista María de los Ángeles Huerta, candidata a diputada federal por el Distrito 24, del Estado de México.

Huerta hizo hincapié en que la posibilidad del fraude está de nuevo en el ambiente electoral como hace seis años, por lo que un grupo de académicos de diversas universidades públicas y privadas elaboraron una carta dirigida a los consejeros electorales y escribieron un documento público con diez razones por las cuales no se puede confiar en el IFE. Esto como una iniciativa para ayudar a alertar a los ciudadanos a no dejarse manipular por estas prácticas fraudulentas, con las que se pretende favorecer al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, explicó.

En la misiva ciudadana se pide a los consejeros electorales que se informen de las medidas que se están tomando para evitar el fraude electoral y se alude a dos tipos de fraude, el rotativo o “carrusel”, el cual es “montado en la logística de que el primer votante, amparado en las medidas de secrecía, no deposita la boleta presidencial y la entrega a su “patrocinador” a cambio de un pago preestablecido, para que éste a su vez la entregue ya marcada al siguiente de la lista y así sucesivamente”.

La otra forma de fraude es la del voto “fotografiado” con un celular, por lo general proporcionado por el “patrocinador” (PRI), cuya imagen de la boleta marcada opera como prueba para obtener la remuneración acordada”.

Los académicos tomaron esta decisión, dijo la candidata, porque además “en la calle mucha gente está hablando de las intimidaciones del PRI para asegurarse los votos y de lo que les ofrece este partido a cambio para alterar los resultados de la votación”.

En este sentido, la carta deja en claro que “el compromiso público del Consejo general del IFE, debe basarse en mucho más que buenas intenciones”, señaló Huerta, quien hace un llamado a los ciudadanos por las redes sociales a sumarse a esta iniciativa como forma de presión al IFE y con el único interés de que se hagan visibles las irregularidades que el IFE no quiere ver.

El decálogo sobre las razones por las que no debe confiarse en el IFE ha sido elaborado por los maestros Francisco Bedolla Cancino de la Universidad de Puebla, Mauricio Sáez de Nanclares, de la Universidad de la Ciudad de México, Fabiola Martínez egresada de la Universidad Iberoamericana y por María de los Ángeles Huerta, de la Universidad del Valle de México.

DIEZ RAZONES PARA NO CONFIAR EN EL IFE

1. En el dilema de representar el interés del público-elector, naturaleza y razón de ser de la democracia, o representar el interés de las dirigencias partidistas, el Consejo General optó por lo segundo.

Contrario al discurso de ser un organismo “ciudadanizado”, el Consejo General se integra por cuotas partidistas (3 PRI, 3 PAN y 3 PRD), de tal suerte que el desempeño de los consejeros electorales responde estructuralmente a los apetitos partidistas y se desentiende del interés democrático de los ciudadanos.

No sólo el Consejo General acusa los efectos de la partidización. Otro tanto sucede con los órganos ejecutivos centrales: las direcciones ejecutivas y las unidades de apoyo, cuyo desempeño es dirigido y vigilado a través de comisiones de trabajo (excepción hecha de la Comisión del Servicio Profesional Electoral), en las que los partidos tienen voz e influencia decisiva.

Lo que los partidos no logran inducir o frenar a través de las comisiones de trabajo, lo hacen en el Consejo General.

En suma: no sólo los consejeros electorales y, por consiguiente, el Consejo General constituyen un activo práctico de los partidos políticos, otro tanto sucede con la burocracia permanente del IFE.

2. En la disyuntiva de ajustar su desempeño al punto de vista ciudadano y al interés superior de una democracia vital o disciplinarse a los imperativos de las dirigencias partidistas que les promovieron, los consejeros electorales han optado por lo segundo.

La oficina de cada consejero electoral es una arena personal de poder, que privilegia especialmente los intereses del partido que les promovió y el cuidado de su carreras políticas y que, bajo esas restricciones, hace lo mejor que puede para aparentar congruencia con los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.

La parcialidad de cada consejero y su ostensible dependencia a intereses partidistas, de este modo, impiden que el Consejo se acerque al espíritu constitucional de ser un órgano colegiado, abierto y deliberativo.

3. Sometimiento a los designios de las televisoras

Nadie mejor que los consejeros ha adoptado la premisa de que las televisoras son el “cuarto poder”. De ahí su pragmatismo en la decisión de abdicar de manera abierta y sistemática de sus facultades como autoridad única en materia de administración de los tiempos oficiales y sanción por incumplimiento, así como prevención y sanción de las campañas denigratorias.

Todo lo que en esta materia podía fallar, ya falló. Las televisoras, con la complacencia del IFE, han incumplido, y lo siguen haciendo, con las pautas instruidas por el IFE. Las pruebas están en el propio monitoreo que la autoridad electoral hace. En lugar de sanciones por incumplimiento, el Consejo General otorga reconocimiento público a la labor de las televisoras, poco importa si éstas soslayan la difusión de los debates. .

El detalle más sintomático de todo ello es la indiferencia sistemática del IFE frente a los indicios y la sospecha pública del contubernio de compra-venta de espacio mediático entre televisa y EPN, lo que viola flagrantemente la prohibición constitucional de este tipo de contratos.

4. Cómplice, por omisión, del fraude informativo al público elector.

El Artículo 237, numeral 7, del COFIPE, faculta al Consejo General del IFE para determinar los criterios generales de carácter científico que deban adoptar las personas físicas o morales que quieran realizar y difundir los resultados de estudios de opinión sobre las preferencias electorales.

De tomar con seriedad el Consejo General dicha facultad y de aplicarla con todo rigor, no estaríamos en la situación crítica de desinformación e indefensión sobre el estado que guardan las preferencias electorales. En estricto sentido, si la autoridad electoral se manejara con el rigor científico que el caso amerita, las diferencias entre los resultados de las casas encuestadoras fluctuarían en rangos aceptables. La evidencia palmaria es que, más allá de los procedimientos de rigor aplicados por el IFE, existe un vacío de autoridad, que posibilita contratar los servicios de las casas encuestadoras para que generen los resultados que el cliente prefiere.

5. Impulsor activo del fraude informativo al público elector

Las reglas de experiencia son claras en cuanto a la relevancia crucial de los debates como elementos de información y evaluación de la calidad de los representantes por parte de la ciudadanía. También se sabe que este tipo de prácticas reviste mayor utilidad informativa y formativa de la conciencia cívica en tanto se ajustan a criterios más flexibles y deliberativos.

Adicionalmente, el numeral 1 del Artículo 70 del COFIPE mandata la realización de dos debates con motivo de las campañas presidenciales, bajo las determinaciones acordadas por el Consejo General.

Así, en síntesis, la adopción de criterios rígidos, que privilegian el confort de los candidatos por encima del derecho a la información de los ciudadanos, carece de sentido teórico-práctico y también normativo.

La preferencia del IFE por los modelos de confort, tipo pasarela, acredita el caso de fraude informativo.

6. Indolencia frente a la vulnerabilidad de las mesas directivas de casilla a las prácticas de compra-venta del voto.

Es consabida la existencia de estructuras partidistas de “promoción” del voto, que antes de la jornada electoral piden credenciales en original o copia, arman listados de electores “afines”, y que el día de la jornada “organizan” la afluencia a las casillas y otorgan premios en dinero o en especie a los electores, previa prueba de que votaron “correctamente”.

Dos de las prácticas más utilizadas por dichos “promotores” consisten en pedir al elector que fotografíe con un celular la boleta antes de ser introducida a la urna o en proporcionarle en un sitio acordado la boleta previamente llenada que deberá depositar en la urna a cambio de que éste les entregue su boleta en blanco, procedimientos ambos que pueden suceder al amparo de la protección que brindan las mamparas (el llamado derecho de secrecía).

Las preguntas al respecto son, ¿por qué el IFE no ha buscado estrategias para prevenir, documentar y sancionar estas y otras amenazas al voto libre, que ocurren dentro de las casillas electorales?, ¿por qué la estrategia de capacitación de los funcionarios de casilla ignora olímpicamente estas amenazas?

7. Constructor de ciudadanía torpe y frívola

De acuerdo con el 41 constitucional, corresponde al IFE desde la reforma de 1989 a la fecha desarrollar de forma integral y directa las actividades relativas a la capacitación y educación cívica.

¿Qué logros acredita el IFE en los más de 20 años de destinar un nada despreciable presupuesto a la formación cívica de los mexicanos? Obviamente, no es pregunta que pueda responderse revisando los indicadores de gestión: número de eventos, participantes, etc. Más seguro que ello es acudir a los datos que arroja la Encuesta Nacional sobre Culturas Políticas y Prácticas Ciudadanas, que ilustran sobradamente la existencia de hondas brechas entre el deber ser del elector racional y razonable respecto del elector desinteresado y dispuesto a vender su voto.

8. Capacitador electoral deficiente y autocomplaciente

Si existe un elemento congruente con el discurso de una autoridad “ciudadanizada”, ese es el hecho de que el punto básico e inicial de contacto con los electores —admisión y cómputo inicial de la votación— son las mesas directivas de casilla, integradas por vecinos-ciudadanos que fungen como funcionarios por un solo día, es decir, funcionarios electorales no profesionales.

Dada la determinación de instalar 143 mil casillas, esto supone capacitar a más de un millón de potenciales funcionarios de casilla, tarea que requiere, además de tesón, capacidades pedagógicas probadas, que por desgracia no se vislumbran ni en las estrategias ni en los materiales y mucho menos en los resultados.

Las capacidades mínimas que los funcionarios deben manejar entrañan un reto complejo, tan complejo como las actuales reglas de instalación, elaboración de actas circunstanciadas o de cómputo y llenado de la documentación electoral, entre otras.

Un modo de saber si los funcionarios “capacitados” son aptos para realizar sus tareas que por ley les corresponden exige una evaluación cualitativa precisa. Para el IFE, todo son cifras: número de casillas, número de asistentes electorales, número de capacitadores, número de ciudadanos notificados y capacitados, etc.

9. Las fallas en la producción de la documentación electoral básica (boletas con folios repetidos).

Como ya lo ha denunciado el Partido del Trabajo, existe el caso de clonación de boletas electorales. Esta papelería se ubicó en los distrito de Ciudad Serdán, Ajalpan, el 6 y 9 de Puebla, asegura el Movimiento Progresista.

El integrante de la coordinadora estatal del Partido del Trabajo, Mariano Hernández Reyes, denunció que en varios distritos el “Movimiento Progresista” ha detectado la clonación de boletas del Instituto Federal Electoral (IFE).

En conferencia de prensa, detalló que esta papelería se ubicó en los distrito de Ciudad Serdán, Ajalpan, el 6 y 9 de Puebla, donde ya están investigando sobre el asunto para evitar un fraude el día de las elecciones.

El otro caso es el de Oaxaca, en donde la representación del Partido del Trabajo ante el Consejo local del IFE-Oaxaca detectó talonarios de boletas con el folio repetido en el Distrito 4, con cabecera en Tlacolula de Matamoros, donde además faltan 31 boletas electorales.

10. Permisividad a la guerra sucia (campañas denigratorias)

A pesar de que la legislación electoral prohíbe la guerra sucia o las campañas negras en periodo electoral, se ha permitido la difusión de los spots del Partido Acción Nacional donde re edita la calumnia de que Andrés López Obrador es un peligro para México.

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*María de los Ángeles Huerta del Río, Maestra en Política Públicas y Candidata a Diputada Federal Distrito 24 Naucalpan Estado de México

*Sandra Fabiola Martínez Jiménez, Maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana y actual Coordinadora de Campaña Política Distrito 24, Naucalpan, Estado de México

*Guadalupe Lizárraga, Periodista y Directora General de Los Ángeles Press

*Francisco Bedolla Cancino, Doctor el Filosofía Política y actual Director Académico de la Universidad en Desarrollo, Campus Puebla

*Mauricio Sáez de Nanclares, Sociólogo, Universidad Autónoma de Ciudad de México